Sobrevivientes exigen reabrir investigación sobre colapso en Álvaro Obregón 286

A nueve años del sismo que sacudió la Ciudad de México, familiares de las víctimas del inmueble ubicado en Álvaro Obregón 286 han solicitado formalmente a las autoridades de justicia la reapertura de la investigación penal. Los afectados cuestionan la legalidad de los permisos que permitieron la edificación de siete niveles en la estructura, argumentando que las condiciones de construcción pudieron haber sido determinantes en el colapso del edificio durante aquel 19 de septiembre de 2017.

La representación legal de las familias sostiene que existen inconsistencias documentales sobre la licencia de obra vigente al momento del siniestro. Según los demandantes, el expediente original carecía de las validaciones estructurales necesarias para soportar la carga de los pisos superiores, una preocupación que ha sido llevada ante las instancias judiciales en busca de una revisión exhaustiva de las pruebas periciales presentadas inicialmente.

Por su parte, la firma inmobiliaria responsable ha mantenido una postura de defensa constante, asegurando que la carpeta de investigación fue debidamente cerrada tras agotar los procesos legales correspondientes. La empresa afirma que el proyecto contaba con los dictámenes técnicos avalados en su momento y que cualquier señalamiento sobre irregularidades administrativas carece de sustento jurídico actual, posicionándose en contra de cualquier intento por retomar el litigio.

El caso se mantiene como un referente de la lucha por la justicia en la capital mexicana tras los desastres naturales que han marcado la historia reciente de la ciudad. Mientras la Fiscalía evalúa los argumentos presentados por los sobrevivientes, diversos colectivos han manifestado su respaldo para que las autoridades garanticen que no existan omisiones en la vigilancia de las normas de construcción en zonas de alta densidad urbana.

Las peticiones actuales se centran en la necesidad de esclarecer si hubo negligencia por parte de los supervisores de obra o de los funcionarios encargados de otorgar los permisos en aquel periodo. Los familiares han declarado que su objetivo principal es sentar un precedente que obligue a una mayor transparencia en el sector inmobiliario y a la rendición de cuentas por parte de quienes participaron en el desarrollo del proyecto.